La Asociación de Abogados Extranjeristas recurrira al Contencioso para escolarizar a 67 niños

La Asociación de Abogados Extranjeristas y Prodein seguirán luchando por la escolarización de los niños de origen marroquí que han crecido en Melilla. El abogado y miembro de la junta directiva de la asociación, José Luis Rodríguez, denuncia que las peticiones de escolarización de 67 de estos menores fueron ignoradas cuando empezó el proceso ordinario en el mes de abril y que, cuando se publicaron las listas de los distintos centros educativos, no aparecían ni como admitidos, ni como excluidos, algo frente a lo que la Orden Ministerial de Educación tiene una clausula. Rodríguez asegura que la orden dice que si a los dos meses la Administración no ha notificado una resolución de la petición a los padres, la situación se resuelve a favor del peticionario por silencio administrativo. Pidieron a Delegación del Gobierno una certificación de este acto administrativo favorable de escolarización por silencio administrativo y asegura que la Administración se ha comportado de forma “insumisa” al no responder ni emitir un certificado “como es su obligación” y que está vulnerando en estos casos la Constitución Española, la Ley de Extranjería y su propia orden ministerial.

Recuerdan que la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su artículo 29, contempla que ante un acto administrativo favorable que la Administración no ejecuta, cabe exigir su cumplimiento previo requerimiento. Tras presentar el requerimiento y transcurrido el mes de plazo que se fija para la ejecución en algunos casos, la asociación ha informado de que la semana que viene iniciarán procedimientos contencioso-administrativos en los juzgados de lo contencioso en defensa del derecho a la educación de estos menores, exigiendo su escolarización inmediata como medida cautelar.

Entre hoy y mañana se reúnen individualmente con algunas de las familias afectadas y una asamblea con todos ellos. Aseguran que, entre los expedientes que manejan, hay casos de niños empadronados y titulares de tarjetas sanitarias, dos de los supuestos que la Dirección Provincial de Educación aseguró que valdrían para la escolarización.