El Gobierno aprueba más de 10 millones para la desaladora y otras actuaciones sociales en Melilla

El Consejo de Ministros ha aprobado en su sesión de este martes un Real Decreto por el que se regulará la concesión directa de subvenciones para financiar actuaciones sociales y el funcionamiento de plantas desalinizadoras y desalobradoras en las ciudades de Melilla y Ceuta.

“Estas subvenciones directas tienen un carácter excepcional y se justifican porque en ellas concurren razones de interés general, social y económico”, ha confirmado la representación gubernamental que dirige Sabrina Moh, que recuerda que “el Estado viene contribuyendo desde hace varios años, mediante aportaciones específicas en los Presupuestos Generales del Estado, al sostenimiento financiero de los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras de ambas ciudades autónomas, así como a la financiación de actuaciones sociales en dichas ciudades”.

Este Real Decreto contempla la financiación del mantenimiento de las plantas desalinizadoras, con un importe de 4.027.150 euros a favor de Melilla, y de 3.972.850 euros a favor de Ceuta y, en cuanto a las actuaciones sociales que serán objetivo de subvención directa tendrán unos importes de 10.250.000 euros para actuaciones de carácter social en Melilla y de 3.250.000 euros para actuaciones en Ceuta.

[caption id="attachment_80107" align="aligncenter" width="300"] Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros[/caption]

RECURSOS LIMITADOS.- Tanto Melilla como Ceuta, por su especial situación geográfica, carecen prácticamente de los recursos de agua convencionales de los que disfrutan la mayoría de ciudades españolas, lo que ha propiciado la búsqueda de fuentes alternativas, como la desalinización del agua de mar. El Estado ha contribuido a la financiación de esas actuaciones de desalinización.

Asimismo, ambas ciudades autónomas constituyen la frontera sur de Europa y están sometidas a una fuerte presión migratoria. Su desarrollo industrial se encuentra limitado por las reducidas dimensiones de sus territorios y por la inexistencia de materias primas locales.

Por todo ello, “existe una importante necesidad de atender determinados gastos estructurales en materia de servicios sociales, recogida de residuos, seguridad pública y privada” que, a juicio del ejecutivo de Pedro Sánchez, “avala el interés general, económico y social requeridos que justifica la adjudicación directa de estas subvenciones” a través de un Real Decreto y de acuerdo con la Ley General de Subvenciones. Su objetivo, “garantizar la sostenibilidad financiera de ambas ciudades autónomas”.

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